Comunidades indígenas de Chiapas se reunieron contra los proyectos extractivos

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y comunidades que forman parte del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas se reunieron los días 19 y 20 de abril para dar cuenta de las acciones que han llevado a cabo contra los proyectos extractivos en sus territorios, en el marco del encuentro “¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!”.

Las comunidades reconocieron la labor del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, que en Pijijiapan logró la suspensión de 4 proyectos de mini hidroeléctricas. Al día de hoy, oficialmente hay 111 concesiones mineras y 98 proyectos hidroeléctricos en la entidad, resaltaron.

Agregaron que en Pijijiapan los habitantes de varias comunidades también “están intentando también prohibir el proyecto de granja avícola de Bachoco, cuyos desechos llenos de agentes tóxicos desembocan en el río Las Pilas, afectando la salud las personas que dependen de esa agua”.

Los participantes del encuentro agregaron que en la región además está presente la amenaza de parques eólicos, como en el municipio de Arriaga, así como los proyectos de economía verde “que buscan sacar provecho de la biodiversidad a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y de la militarización, con la implementación de la Gendarmería Ambiental”, a lo que resisten los integrantes de “Reddeldía de los Montes Azules” en la Selva Lacandona.

Por otra parte, denunciaron la explotación de hidrocarburos y celebraron “la digna lucha” del pueblo indígena zoque de Chiapas por la cancelación de los bloques 10 y 11 de la Ronda 2.2, en los cuales se planeaba explotar 12 pozos de hidrocarburos.

“La legalización del despojo se traduce por la implementación de nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sureste mexicano, entre ellas la ZEE de Puerto Chiapas que va a ocupar 8 mil 611 hectáreas en tierras de Tapachula”, señalaron las comunidades y organizaciones. Aseguraron que las ZEE sólo provocarán más pobreza, más contaminación y menos tierras cultivables, y las calificaron de “un atentado a la soberanía” de los municipios.

“Nosotros tenemos otro proyecto de vida más sustentable para nuestras comunidades, basado en el rescate de nuestros usos y costumbres, nuestras semillas originarias y nuestra medicina tradicional”, expresaron.

Por último, rechazaron la Ley de Seguridad Interior, que facultará a las fuerzas armadas para intervenir en la seguridad pública, y denunciaron la implementación de estrategias de control y de programas asistencialistas en el marco de las elecciones de 2018, las cuales “generan división en las comunidades e incrementan los niveles de violencia”.

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