En dos años 166 agresiones contra comunidades indígenas en México por megaproyectos.

Isidro Baldenegro, líder ambientalista y defensor del bosque y el territorio rarámuri fue asesinado el 15 de enero en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Baldenegro, al igual que Berta Cáceres, defensora hondureña de los ríos y el territorio, fue reconocido con el premio Goldman, considerado el Nobel de la defensa del ambiente. A pesar del reconocimiento internacional, ambos defensores indígenas de la tierra y el territorio fueron asesinados en un lapso de nueve meses.

El asesinato de Isidro Baldenegro sucedió, además, durante la visita oficial que el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, hizo a México a principios de año. Al hacer público su informe preliminar [1] al final de la visita, el relator Forst denunció este homicidio y pidió un minuto de silencio para honrar a Isidro junto con todas y todos aquellos que fueron asesinados en México mientras defendían los derechos humanos [2]. 

En el marco de la visita del relator Forst, desde la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se preparó un informe sobre la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en contextos indígenas y campesinos en México.

En dicho documento, se logró dar cuenta de 166 agresiones en contra de comunidades campesinas e indígenas de México, en el contexto de 66 conflictos por la tierra y el territorio documentados en un ejercicio de seguimiento de prensa en el periodo 2014-2015. Estas agresiones ocurrieron en 22 estados, principalmente en la zona sur del país. Es importante enfatizar que Chiapas, Oaxaca y Puebla, los estados en los que se dieron más agresiones son también tres de las entidades con mayor presencia de población y territorios indígenas del país. Las formas de violencia que se registraron abarcan desde 53 episodios de hostigamiento y amenazas hasta 17 casos de graves violaciones a los derechos humanos como torturas, desapariciones y asesinatos.

Los conflictos registrados se dieron en el contexto de proyectos de inversión, infraestructura y desarrollo con participación de capitales locales y trasnacionales. La disputa por los territorios y el aprovechamiento de sus bienes naturales no es un tema menor, y además es una amenaza recurrente para las comunidades indígenas y campesinas de nuestro país y a lo largo de latinoamérica. Una peculiaridad de México es que más de la mitad de la superficie nacional está repartida entre algo más de 30 mil ejidos y comunidades [3], es decir que la tenencia de la tierra es mayoritariamente social y comunitaria. Por ello, es imposible plantear grandes obras de infraestructura o proyectos de inversión económica, sin considerar los derechos e intereses de las comunidades que habitan los territorios, y cuyo aprovechamiento les está legalmente asignado.

Varias de las modificaciones constitucionales en la llamada reforma energética de 2013 están encaminadas a priorizar toda actividad vinculada con la energía (extracción, generación, distribución) por encima de otros usos de la tierra. La incertidumbre y vacíos legales al respecto han sido caldo de cultivo para conflictos y abusos contra las comunidades. En cuatro de cada cinco casos documentados en el informe al relator hubo violaciones procedimentales, es decir, que se echaron a andar los proyectos sin respetar mecanismos de consulta y deliberación comunitaria. En dos terceras partes de estos procesos irregulares se registraron, además, formas de violencia: ante lo ilegítimo del emprendimiento económico, se recurrió a agresiones para frenar o distraer el descontento de los pueblos afectados.

Un factor preocupante es que el Estado es identificado como el responsable de 67 de las agresiones. Ya sea por la omisión ante violaciones procedimentales y agresiones perpetradas por particulares, o mediante la participación activa en forma de represión y persecución judicial, los casos documentados en el informe al relator hacen ver que el Estado mexicano no cumple con las salvaguardas suficientes y necesarias para las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus derechos territoriales.

Como colofón, apenas terminada la visita del relator, se conoció la noticia de otro asesinato en la sierra Tarahumara. Juan Ontiveros, líder rarámuri y compañero de Isidro Baldenegro en la defensa del bosque, fue capturado por hombres armados y asesinado en la comunidad de Choréachi, también en el municipio de Guadalupe y Calvo, el 31 de enero. En 15 días, las comunidades de la sierra chihuahuense perdieron a dos de sus líderes en asesinatos que pese a las promesas, no han sido esclarecidos por la fiscalía local ni por el gobierno federal.

En un contexto de ausencia de garantías por parte del Estado, las y los defensores de la tierra y el territorio en México están sujetos a amenazas y en la mira de graves agresiones y despojos por la voracidad del mercado y los proyectos económicos, extractivos y de infraestructura. ¿Quién defiende a quienes defienden el ambiente que nos sustenta, la casa que compartimos? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos como sociedad civil a conocer las historias de los defensores en las notas sobre sus asesinatos?

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